domingo, 26 de marzo de 2017

Acciones contra la corrupción

Hace algunos meses nos referíamos a la necesidad inaplazable de establecer Códigos de Conducta en las empresas públicas y privadas de Colombia.

Conocidos los detalles del caso Odebrecht a través de los medios de comunicación y las declaraciones de diversos implicados y testigos, se reitera la urgencia de fijar estos protocolos, pues todo lo divulgado nos reitera que en este país perdimos el norte y no sabemos cómo comportarnos frente al manejo de los bienes públicos.

Candidatos y allegados buscando financiación de sus campañas con empresas privadas extranjeras, dizque sin saber quién paga ni sus pasajes en primera clase ni la estadía en hoteles de varias estrellas y sin enterarse quienes son sus aportantes. Esas empresas, siguiendo el ejemplo de sus socios nacionales, buscando acercamiento con el gobierno de turno mediante la financiación de sus campañas o sobornando a todo aquel que se les atraviese para garantizar el florecimiento de sus negocios durante su mandato, en lugar de ejercer el mecenazgo y financiar proyectos comunitarios o de ciencia, tecnología, educación, cultura, o los museos de memoria, por ejemplo, con escasa financiación estatal y esos si que trascienden los gobiernos.

Funcionarios públicos que en reuniones privadas en sus oficinas, en sus apartamentos, en eventos sociales, dan información sobre licitaciones y negocios en curso a virtuales oferentes o contratistas privilegiados, y congresistas e intermediarios gestionando negocios de particulares ante las entidades del Estado, como si aquellos no fueran elegidos para legislar en favor de todo los ciudadanos y para hacer primar el interés general sobre el particular.

Servidores públicos que no saben qué hacer con regalos y atenciones provenientes de partes interesadas en los negocios públicos que gestionan, muy respetuosos con el oferente de la dádiva y sin rechazarlos de manera contundente “pues de pronto se delican”, y sin tener claridad y conciencia, como es su obligación por el cargo que ocupan,  que estas son calificadas globalmente como prácticas de corrupción,  y como si los colombianos no hubiéramos tenido suficiente con el anillo que la “Monita Retrechera” le obsequiara a la señora “Jacquin” y la cartera y botines que Giorgio Sale les regalara al entonces magistrado José Alfredo Escobar y a su esposa.   

Las leyes existen, las prohibiciones están, pero todos se hacen los de la vista gorda para violarlas, pues en su arribismo, solo importan la fortuna y el éxito.

Con el mundo al revés frente a nuestras narices, se hace menester que en la sociedad hagamos conciencia de la ilicitud de estas prácticas y las condenemos; y que las entidades estatales fijen los Códigos de Conducta que prohíban de manera clara e irrefutable, al menos estas 4:

  • Política de atenciones y regalos: los servidores públicos no pueden recibir regalos, ni atenciones de ninguna naturaleza y así se lo debe tener claro la ciudadanía. Si se presenta el caso, las atenciones y regalos se deben rechazar de manera contundente y sin rodeos. Si por alguna razón fuera imposible negarse a recibir el regalo, debe existir un protocolo para revelar la situación y entregar el regalo a quien la entidad determine en sus reglamentos.

  • Prohibición para los servidores públicos, cualquiera sea su cargo (incluido Director/Gerente/Presidente) de hablar o dar información sobre licitaciones o negocios en curso en reuniones privadas con particulares interesados. De estos negocios solo debe hablar el funcionario competente, en los espacios y canales establecidos para ello (preferible en audiencias públicas) en igualdad de condiciones para todos los interesados, participantes, oferentes, o contratistas.

  • Las entidades estatales y las sociedades en las cuales el Estado tenga participación deben reglamentar espacios para que los particulares les ofrezcan bienes y servicios, indicando oficinas y horarios de atención, y en las audiencias o reuniones tener control de asistentes y actas de registro de lo ocurrido.

  • Y lo más urgente, que los servidores públicos, cualquiera sea su cargo (incluido Director/Gerente/Presidente) tengan claro que a los congresistas les está prohibido gestionar ante las entidades estatales y las sociedades en las cuales el Estado tenga participación, negocios de particulares. Es decir, les está prohibido presentar hojas de vida o recomendaciones de eventuales proponentes o contratistas para prestar servicios u ofrecer sus bienes a la respectiva entidad.

Si los colombianos no exigimos y no presionamos como sociedad para que todos observemos estas reglas mínimas para el manejo de los bienes públicos, somos definitivamente un país inviable.



Margarita Obregón


lunes, 13 de febrero de 2017

Porqué las empresas deben tener un programa de cumplimiento

El mundo empresarial del siglo XXI llegó con los conceptos de gestión integral,  gestión por procesos, gestión sostenible, gestión consciente, gobierno corporativo, responsabilidad social, grupos de interés, comunicaciones estratégicas, transparencia, ética y cumplimiento.

Si se quiere competir en los mercados de este mundo globalizado será indispensable ponerse a tono y al día en estos conceptos. Ya desde 1980 con el fortalecimiento de la teoría de los grupos de interés, 1987  con el Informe Brundtland que contenía el concepto de desarrollo sostenible, y con el desarrollo del Gobierno Corporativo desde 1994 con Garicano, el mundo empresarial cambió para no volver atrás.

Ya no son solo los negocios, ni los intereses de los accionistas el objetivo de las empresas si no el bienestar de todos los grupos de personas que conforman su entorno; no basta la idea mercantilista de poder operar y lograr los objetivos de negocio sino que las relaciones de mutuo beneficio, la corresponsabilidad en el desarrollo y entornos viables, serán la única posibilidad de tener empresas viables y prósperas. 

Empresas queridas por sus grupos de interés, a las que todos apoyan y trabajan coordinadamente por sus objetivos porque saben que el bienestar de uno redundará en el bienestar de todos. Un mundo empresarial donde ya no se trata de ellos y nosotros, porque en adelante se hablará siempre de nosotros. Las empresas y sus vecinos, deben hablar en primera persona plural. Es la única posibilidad de supervivencia y de hacer realidad el concepto de desarrollo sostenible (aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones).


Para que estas relaciones sean posibles, son indispensables las reglas de juego que deben respetar las empresas frente a sus grupos de interés contempladas en el gobierno corporativo. 

Y la más fundamental de todas estas reglas es la transparencia de todas las operaciones, negocios, procesos, acciones y tareas de la empresa. Pero esta es solo el primer elemento de lo que debe ser la ética empresarial exigida por todos los interesados.  

Para desarrollar un ambiente ético en las empresas que funcione y genere confianza entre todas las partes, se requiere contar con un programa de ética y cumplimiento estructurado que responda a las exigencias de los mercados y a las expectativas de los grupos de interés.




Margarita Obregón






viernes, 27 de enero de 2017

El largo camino de la lucha contra la corrupción


Por estos días es frecuente oír que el problema en Colombia no son los grupos armados si no la corrupción, y no les falta razón a quienes lo dicen. Si bien las voces de protesta por este flagelo son miles (hasta los mismos corruptos protestan), las medidas para combatirlas no son eficaces y cada día el fenómeno corroe más nuestra sociedad.

Y esto sucede porque al igual que la violencia o las drogas ilícitas, se combaten sobre todo con medidas represivas. No se estudian los problemas, no se atacan las causas, si no que ingenuamente creemos que reformando las leyes de contratación, creando más inhabilidades, más trámites, engrosando las plantas de personal de las “ías”, aumentando las penas y construyendo más cárceles, lo vamos a solucionar. 

Y está probado que estas medidas represivas más que acabar con la corrupción afectan de manera negativa al ciudadano común y por el contrario los corruptos hacen fiestas porque cada trámite se convierte en un peaje a su favor y a cada norma, ellos sí, le encuentran su atajo.

Para acabar con la corrupción en una sociedad, se requiere que los Estados no solo repriman si no que erradiquen sus causas y para ello se requiere el compromiso de todos los actores de la sociedad empezando por las empresas y las familias, sus células básicas.

En las empresas, es común encontrar hoy programas de Ética y Cumplimiento cuyo objetivo es el cumplimiento legal y desarrollar una cultura fundamentada en la integridad. Su enfoque está en contar con sistemas que controlen los riesgos de fraude y corrupción de manera prioritaria y promover una cultura basada en valores más exigentes que los que establece la ley, sin dejar de lado la detección y el castigo a los infractores.

Se puede decir sin duda que en la actualidad existen buenos de sistemas de control para las empresas, las firmas de auditoría son expertas en su implementación y sus beneficios son palpables pues los grandes casos de corrupción en el mundo han sido detectados gracias a que estos sistemas evidenciaron fallas y dieron pistas para las investigaciones que culminaron enviando a prisión a los culpables. Los controles son fundamentales para administrar empresas y esenciales para persuadir al corrupto. Pero el problema no es ese, muchos ya han hecho la tarea y los que no, pueden hacerlo cuando quieran.

El gran reto para las empresas y para la sociedad es la cultura. Para aquellas se trata no solo de unificar prácticas y valores a través de Códigos de Ética o de Conducta que identifiquen a los miembros de su organización si no que sus líderes sean los primeros en vivir esos valores.

Porque ¿qué gana una empresa con prohibir a sus empleados el recibo de regalos provenientes de proveedores, contratistas o clientes, si sus líderes llevan una activa vida social recibiendo y exigiendo atenciones y agasajos en medio de decisiones de negocios vitales para la compañía y que interesan al oferente?

¿Qué ganan las empresas con conmovedores discursos acerca del respeto si sus líderes humillan a sus subalternos, no consideran su tiempo libre, usan palabras despectivas hacia ellos o simplemente los ignoran hasta en el saludo?

O ¿qué se ganan hablando de humildad en los “modelos de cultura” cuando en las mesas de los Consejos Directivos solo se ven y hablan de Montblanc, ropa de marca, viajes en primera clase y carros de alta gama?

Y ni que hablar del Estado, donde los congresistas son adalides de la moral y de las buenas costumbres cuando salen por TV, pero muchos acuden a las empresas públicas y privadas con sus recomendados por puestos de trabajo, o contratos bajo la amenaza de un debate en el Congreso. Sí, horror de horrores.

Esta doble moral solo genera más corrupción.

Este flagelo solo se acabará cuando, en las empresas y en la sociedad, valoremos a los seres humanos por lo que tienen en la cabeza y en el corazón y no en sus bolsillos; cuando no esté de moda tener camionetas 4X4 si no andar a pie o en un buen transporte público; cuando prefiramos ir a las librerías y a los museos que a los centros comerciales; cuando no soñemos con ganarnos la Baloto para vivir en un vecindario “in” si no cuando trabajemos por el nuestro y lo disfrutemos cualquiera que sea; cuando nos emocione más el humanismo que el consumismo. Acabaremos con la corrupción cuando la presión social y el desprecio por ese modus vivendi arribista sea tal que aísle y avergüence al que se volvió corrupto para tenerlo todo y más.

Este cambio si es posible, pero llevará su tiempo y no lo emprenderán los políticos del corto plazo. Requiere de acciones individuales y colectivas en las que cada uno de nosotros tiene su tarea.

No reneguemos más, no nos señalemos más los unos a los otros, no saquemos más disculpas y empecemos desde ya la lucha contra la corrupción.







Margarita Obregón




martes, 8 de noviembre de 2016

Códigos de Conducta: Necesidad inaplazable

Hace pocos días el director de la Aeronaútica Civil en Colombia, se vio envuelto en un escándalo por haber viajado gratis en avión privado en compañía de algunos de sus funcionarios para ver uno de los partidos que jugó la selección Colombia en Barranquilla para las eliminatorias a Rusia 2018.

Y hace algunos meses, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tuvo que responder las críticas por su viaje a los Juegos Olímpicos de Brasil, a donde acudió invitada por el Comité Olímpico Colombiano, según sus explicaciones.

Los 2 episodios, las explicaciones que dieron los funcionarios y la controversia generada en cada caso, demuestran la confusión que tenemos como sociedad, acerca de la conducta que deben seguir los administradores de las empresas públicas o privadas, frente a regalos y atenciones y en general sobre la ética empresarial.

Con frecuencia caemos en el error de creer que todos los miembros de una comunidad, y de una organización en particular, tenemos la misma ética y que los mismos valores y principios rigen nuestras actuaciones, y con ese convencimiento emitimos nuestros juicios. Y nada más lejos de la realidad.

Cada ser humano es único y diferente y está marcado por una serie de experiencias que han determinado sus valores. Ellos dependen de estas y de la familia en la que creció, la religión y partido político al que pertenece, escuela, colegio, universidades donde estudió, pueblos donde vivió, influencias culturales recibidas a lo largo de los años y los seres humanos con los que se ha relacionado.

Si bien partimos de la base de que individuos de una misma nación tienen valores similares, las experiencias individuales pueden distanciarnos profundamente en la escala que cada uno tiene de ellos. Por ejemplo, el consumismo varía de manera sustancial nuestros valores, y en el caso de Colombia la guerra ha hecho que muchos sectores de la población sean condescendientes con cierto tipo de violencia.

Por tal razón, cuando se trate de emitir juicios y sancionar a los funcionarios de las empresas públicas o privadas por esta o aquella conducta, se requiere comprobar que todos los miembros de la organización tienen los mismos principios y valores y el mismo entendimiento sobre la conducta a seguir en el mundo empresarial.

Para garantizar este entendimiento los mejores instrumentos son los Códigos de Ética y de Conducta.

El Código de Ética contempla los principios y valores que reconocen y respetan todos trabajadores. Corresponden por lo general a los derechos universales en concordancia con los derechos de la organización. Es común que se refieran a la honestidad, integridad, libertad, respeto, solidaridad, responsabilidad, confidencialidad, o cooperación, entre otros. Las mejores prácticas aconsejan que este Código sea producto de una construcción colectiva para garantizar su apropiación por parte de todos los integrantes de la empresa.

El Código de Conducta es un instrumento más amplio que además de establecer los principios y valores, estipula normas de conducta dentro de la ética empresarial acordada, las sanciones por su violación, las instancias competentes para determinar estas sanciones y el sistema de verificación de su cumplimiento. 

Como mínimo, debe contemplar las situaciones que generan los conflictos de interés y cómo solucionarlos en cada caso; así mismo es fundamental que contenga la política de atenciones y regalos y, la descripción de aquellas conductas que se consideren fraude y corrupción, sin que se pretenda reemplazar con este Código las leyes vigentes.  

Se trata de que tanto los trabajadores como los terceros tengan claridad sobre estos temas y sepan qué se puede y qué no se puede hacer en cada evento.

Si estos Códigos no existen, o los empleados no los conocen, con frecuencia cometen faltas o se ven involucrados en comportamientos inadecuados y no se les puede reprochar ni sancionar pues no tienen conciencia de la ilicitud de sus actos, o lo que es peor, las costumbres se han relajado y la conducta inapropiada se ha vuelto socialmente aceptada en esas organizaciones.

Por pequeña que sea la organización o aún en el caso de las entidades estatales, atiborradas de normas que les son aplicables, vale la pena hacer el esfuerzo de  construir estos Códigos, para establecer un acuerdo sobre lo fundamental al alcance y comprensión de todos, en lenguaje claro y sencillo, para bien de los empleados, de la organización y de la sociedad en general.



Margarita Obregón








lunes, 19 de septiembre de 2016

Sin transparencia no hay Gobierno Corporativo

Por Margarita Obregón 


El Gobierno Corporativo apareció hace algunas décadas en los países más desarrollados del oeste de Europa, en Canadá, los Estados Unidos y Australia, en virtud de que los accionistas minoritarios de las empresas, querían saber qué se estaba haciendo con su dinero y cuáles eran las expectativas futuras. En otras palabras, necesitaban conocer cómo se administraba su inversión.

Ante estos requerimientos, los accionistas mayoritarios de los negocios y sus administradores, iniciaron un proceso de apertura de la información, al mismo tiempo que profesionalizaron su dirección y manejo, y dieron transparencia a la manera de conducir las empresas.

El concepto de Gobierno Corporativo evolucionó entonces para convertirse en un sistema para dirigir, manejar y controlar una empresa, con el fin de generar confianza y cooperación entre sus diferentes grupos de interés, y desde entonces han sido varios los mecanismos desarrollados para lograr este objetivo.

Las mejores prácticas hacen énfasis en la distribución de roles y responsabilidades de forma clara y el diseño de todos los procesos de la organización, para garantizar una gobernabilidad que da cierta tranquilidad a los accionistas minoritarios y a los demás grupos de interés de cada empresa. Pero lo que les da la confianza para el manejo de sus diversos intereses es sin duda la transparencia en la información, en los procesos, y en la toma de decisiones de la organización.    

Se discute mucho si toda la información de las empresas inscritas en el mercado valores debe ser pública y en esto existen las dos corrientes: quienes propugnan e intentan mantener la mayor cantidad de información bajo reserva por seguridad del negocio y quienes creen que por regla general la información debe ser pública, salvo las excepciones contempladas por la ley en cada país.

Para evitar esta discusión las diferentes bolsas de valores y las autoridades financieras han desarrollado y reglamentado el concepto de información relevante, enunciando de manera taxativa aquella que obligatoriamente se debe divulgar al mercado y estableciendo como criterio general para efectos de revelación, aquella información que tendría en cuenta un inversionista prudente y diligente en la toma de sus decisiones de inversión.

Sin perjuicio de lo establecido en cada legislación, son probados los buenos efectos de la gestión transparente de una empresa.

Si la información por regla general es pública, y existen mecanismos de divulgación suficientes para los diversos grupos de interés, es mucho lo que se ahorran las empresas en atender peticiones de toda índole que solo desgastan a la administración.

Si los procesos de la organización son claros y de público conocimiento, las preguntas sobre la composición y origen de los productos y servicios serán cada vez menos y las decisiones de accionistas, inversionistas, consumidores, proveedores y demás grupos de interés, serán decisiones informadas y bajo su responsabilidad.

Si el proceso de toma de decisiones es claro y transparente, cada tomador de decisiones se asegurará de realizar su trabajo de manera profesional y responsable buscando siempre el mejor negocio y valor (no necesariamente precio) para la empresa. Lo hará mucho mejor porque se siente observado.

Además, si las malas noticias de una empresa, son divulgadas en primer lugar por ella misma, podrá mitigar los efectos negativos que algunas de ellas pueden tener sobre su reputación y consecuentemente sobre su valor. Dar ese primer paso le significa poder controlar rumores y especulaciones que pueden ser devastadores para las empresas.

Por el contrario, el secretismo que aún es cultura en muchas empresas, siempre genera dudas y reservas en los diferentes públicos. Cuando en una organización abunda la información confidencial, existen barreras para acceder a la información, prevención para informar cómo son los procesos y dificultad para saber cómo se toman las decisiones, lo primero que imaginamos es que algo anda mal en ella. En esa clase de empresas es más difícil invertir, con ellos no quisiéramos contratar y no nos gustaría ser sus clientes. 

Los beneficios de la transparencia son obvios. Desde luego existen excepciones para la publicidad como la información sensible que pueda ser utilizada en perjuicio de la empresa, o la relativa a los negocios en curso, pero las leyes han sido claras al respecto.

Las empresas deben convencerse que la transparencia es el pilar fundamental del Gobierno Corporativo; sin ella, éste no tiene sentido pues no logra su objetivo de generar confianza.

Adicionalmente, en el mundo de hoy, con la tecnología en manos de todos y cada ciudadano, con cámaras y grabadoras en sus teléfonos, con las redes sociales disponibles para ser expuestos, con los hackers volando de un lado a otro, no habrá ya nada que se pueda ocultar.

Es hora de que la regla general en las empresas sea la publicidad y dejar el secretismo como algo del pasado.











sábado, 30 de julio de 2016

Derechos Humanos y Empresas

En estos días nos hemos enterado por los medios de comunicación, que la empresa colombiana Postobón estaría siendo investigada por presunta financiación de grupos paramilitares que delinquían en el departamento del Cesar en los años 90.

Toda vez que estos grupos han sido perpetradores de masacres y crímenes de lesa humanidad, nos preguntamos si las empresas son conscientes del riesgo que corren de ser señaladas como violadoras de derechos humanos. Y si son conscientes de ello, nos preguntamos si ellas tienen las herramientas suficientes que les permitan tener la certeza de no haber incurrido en una violación de los mismos.

En Colombia y tras 50 años de guerra es muy fácil que las empresas puedan enfrentar un proceso judicial de esta naturaleza. El conflicto se propagó por todo el territorio y se han cometido graves violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos armados, y muchas empresas de manera voluntaria o en virtud de la extorsión, han sido parte del conflicto.

El riesgo entonces está latente.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que en Colombia la Constitución de 1991, en su artículo 86, consagró la procedencia de la acción de tutela frente a violaciones de los derechos fundamentales imputables a particulares. No cabe duda entonces que no solo el Estado, si no las empresas, pueden ser acusados de violar los derechos humanos y ser obligados a su restablecimiento y eficacia inmediata.

La comunidad internacional ha sido consciente de esta problemática, y luego de grandes controversias, en junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó los Principios Rectores sobre las empresas y derechos humanos, elaborados por el profesor John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU para esta materia.

Estos Principios, además de representar un acuerdo entre empresas y Estados, dilucidaron las competencias y responsabilidades de estos, frente a los derechos fundamentales:

  • Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, y
  • Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y asumir las consecuencias de la afectación de los mismos, lo que implica prevenirlas, mitigarlas y, si es del caso, remediarlas.
De igual forma los principios establecieron la necesidad para las empresas de proceder con la debida diligencia en esta materia, con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder por las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos, y dieron recomendaciones muy puntuales a las empresas y a los Estados para su cumplimiento.

Se destaca que los Principios Rectores “se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura”.

En la actualidad, las empresas que quieran incursionar en los mercados internacionales, quieran acceder a la banca internacional y multilateral, y quieran ser empresas sostenibles en el sentido amplio de la palabra, deben implementar cuanto antes las recomendaciones de los Principios Rectores.

Podrían comenzar por el análisis de riesgos con perspectiva de derechos humanos sobre todos los procesos de la empresa. Una vez identificados los riesgos críticos deberían complementar su sistema de control interno con los controles que mitiguen el riesgo de afectar los derechos fundamentales. Es posible que la empresa ya tenga estos controles, establecidos para mitigar otros riesgos: ambiental, social, seguridad física, corrupción, laboral, entre otros. 

Para generar confianza y monitorear este riesgo, también deberían adaptar las líneas y canales de quejas o denuncias con el fin de dar tratamiento especial y prioritario a las que tengan que ver con violación de derechos humanos.

No se trata de crear nuevos sistemas de gerenciamiento de riesgos, ni nuevos sistemas de control interno, ni nuevas líneas de quejas. Se trata de hacer visible dentro de los sistemas que ya tiene la empresa, el asunto de derechos humanos y darle el tratamiento especializado que requiere. No es tan complejo.

Los planes de mitigación, la verificación de su cumplimiento y la rendición de cuentas, entre otros, serán elementos de gestión que la empresa irá implementando poco a poco.

Ahora bien, lo más importante será promover esta cultura en la empresa, donde todos sus integrantes, empezando por el directorio y la gerencia, se caractericen por un profundo y genuino respeto por los derechos fundamentales.

En la coyuntura actual de Colombia no podemos olvidar que la verdad, justicia y reparación que se busca en el posconflicto puede poner en evidencia muchos casos como el de Postobón e incluso diferentes que comporten graves violaciones a los derechos humanos.

De ahí la necesidad inminente de abordar este tema, hacer la tarea, conocer la historia de nuestras empresas, mitigar los efectos de una acusación y sobre todo dar garantía de “no repetición”.



Margarita Obregón



lunes, 4 de julio de 2016

Juntas Directivas: a mayor poder, mayor responsabilidad

Si hablamos de la necesidad de establecer límites claros a los roles y responsabilidades de los diferentes órganos de gobierno de una empresa, quizá los más delicados son los que se deben establecer para los integrantes de las juntas directivas.

Desde el punto de vista conceptual, las juntas o directorios establecen el direccionamiento estratégico y la administración lo ejecuta, pero la realidad es muy diferente.

Es muy común que algunos directores que integran juntas o consejos directivos se involucren en el día a día de la empresa, lo que resulta funesto para su gobernanza. La teoría y mejores prácticas indican que los directores deben ocuparse de los temas estratégicos y sería sencillo si se definen y respetan las agendas anuales con el seguimiento a la estrategia, a los resultados, a los riesgos empresariales y al sistema de control interno. Pero en la práctica, en cada reunión del directorio, tanto sus integrantes como la administración, van mencionando y debatiendo diversos temas, estratégicos o no, con lo cual discusiones y agendas se vuelven interminables y el poder y responsabilidades de la junta, ilimitados.

Los directores terminan tratando y direccionando asuntos que no conocen a profundidad, pues en general son materias técnicas y operativas,  no le aportan con ello a la administración que se supone tiene los mejores profesionales para su gestión, y por el contrario la desgastan ya que emplean innumerables horas en la preparación y elaboración de informes y presentaciones según el gusto de cada director. Así, las juntas van perdiendo su foco en la estrategia, y los directores, sin ser conscientes, queriendo aumentar su poder y control, van asumiendo responsabilidades que son propias de la administración, relevando de las mismas a los ejecutivos de la empresa.

Ahora bien, no se trata de que los directores sean totalmente ajenos al día a día y a la operación de la sociedad. Al igual que con los accionistas, la información de la empresa debe fluir hacia ellos, pero se debe tener en cuenta que i) todos los directores deben contar con la misma información, ii) no toda la información que pidan debe ser discutida en junta y iii) cada vez que pidan información de cualquier tema, estarán involucrándose en el mismo, y respondiendo por sus resultados en mayor o menor medida, así por estatutos este no sea de su competencia.

Para preservar la gobernabilidad y los límites establecidos, se requiere un trabajo coordinado y absoluta confianza entre la presidencia del directorio, la secretaría general y la gerencia de la empresa. El presidente debe tener claros los roles y responsabilidades de cada órgano de gobierno, con base en ello proponer las agendas y llamar al orden cuando sus integrantes no se ciñan a lo establecido; la secretaría general debe velar por el trato igualitario a todos los directores, garantizar que la información fluya hacia ellos como es debido y coordinar el trabajo entre el presidente del directorio y el gerente para que la junta cumpla sus objetivos; y el gerente debe manejar el balance con los temas que presenta a consideración de la junta, manteniéndola muy bien informada pero resolviendo y asumiendo los asuntos que le competen.

Por ello es esencial revisar estatutos y códigos de gobierno corporativo para asegurar que los roles y responsabilidades de estos órganos y sus límites, estén consagrados de forma expresa y en lenguaje claro y directo.

De igual manera es fundamental para la gobernabilidad de la empresa, que los directores, antes de iniciar el ejercicio de sus funciones, reciban una inducción adecuada para evitar que ello ocurra en las sesiones de junta, que acudan al entrenamiento continuo que se programe por más elemental que parezca, y que se realice la evaluación del cumplimiento de estas normas por ellos mismos o por un tercero.

Solo así se evitará que los directores se “entrometan” en asuntos del día a día de la compañía y que los gerentes  “deleguen para arriba”.      

 Margarita Obregón








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